Nuestro amigo Victor Domingo, presidente de la Asociacion de Internautas, nos envia este articulo referente a la LSSI, en la cual uno de los encorbatados por excelencia se pone en contra de los demas encorbatados y especifica los peligros de ceder el control de las paginas webs y de contenidos a autoridades fuera del ambito judicial.
Aunque supongo que no conseguira nada mas que sus quince minutos de popularidad en los medios, al menos lo habra intentado… en ese caso cuando se apruebe este nuevo «canon», siempre teneis la opcion de la desobediencia civil siguiendo algunos de los consejos que puse yo a?ha, en la pagina AntiLSSI.
Salu2
Angeloso
Las nuevas tecnolog?, son y ser?el campo de batalla en el que ya se libra la lucha por los derechos civiles.
Hoy en d?hablar de las innovaciones tecnol?as, no es hablar de futuro, es hablar de presente, mas bien de un presente que pasa muy r?do. En definitiva el futuro esta aqu?ha llegado, y las nuevas tecnolog? se renuevan y quedan obsoletas en poco tiempo, esta sucesi?ertiginosa de acontecimientos somete a un constante proceso de cambio, la manera de relacionarse los seres humanos y esta es la verdadera revoluci?/span>
Los Poderes temen a lo que se avecina, basten dos ejemplos en 2002, por primera vez se convoco por Internet una manifestaci? nivel universal contra la guerra de Irak, Internet demostr?e puede desafiar al Amo del mundo y que tiene un poder de movilizaci?uy superior a los medios convencionales. Recientemente en Europa se convocaron cinco minutos sin luz, para protestar por el cambio clim?co, al que se sumaron incluso los Gobiernos, pero la idea no parti? ninguno de ellos, ni de los partidos pol?cos, ni de los sindicatos, ni de ning?entro de decisi?onvencional. Esta es la novedad, y lo verdaderamente terrible, es que han sido ciudadanos normales y corrientes, quienes lo han hecho. Han sido internautas, nueva categor?de luchadores por los derechos civiles, que descontentos con la gesti?ue se esta haciendo de los intereses colectivos piden mas participaci?son conscientes de que las nuevas tecnolog? lo posibilitan, y las est? utilizando.
Tambi?los poderes econ?os siguen con inquietud el desarrollo de la Red, la explosi?el comercio electr?o es cuesti?e tiempo, en estos momentos el incremento es directamente proporcional al desarrollo de aplicaciones que en la medida en que son capaces de aportan seguridad a la Red, captan la confianza de los consumidores, que no son ajenos a sus innumerables ventajas, como poder comprar en cualquier lugar, a cualquier hora y a precios menores. Ciertamente el negocio en torno a los derechos de autor ha sido el primero en sufrir las consecuencias de estas innovaciones tecnol?as, y sus titulares se han sentido defraudados, pero al igual que el resto del comercio tradicional tendr?ue adaptarse y mejorar las calidades y ofertas a cambio de disfrutar de una distribuci?niversal, y bajos precios de producci?o desaparecer.
Por primera vez el modelo de democracia representativa se cuestiona por insuficiente, pero nunca sus ideales de IGUALDAD, LEGALIDAD Y FRATERNIDAD est?mas pr?os a la realidad UNIVERSAL, gracias precisamente a esas nuevas formas de ?eractuaci?ocial que posibilita el progreso tecnol?o.
Como en los tiempos de la Ilustraci?xiste un viejo mundo que se resiste a desaparecer. Los mas emprendedores acometen la tarea de incorporar a su acervo cultural, la ya inevitable revoluci?ecnol?a para mantener el modelo social, pol?co y econ?o actual e impedir, o por lo menos procurar que el nuevo modelo sea lo mas parecido al actual, pero nadie sabe a ciencia cierta a donde nos dirigimos. Es posible que gracias a las nuevas tecnolog? las fronteras del conocimiento se ensanchen, pero en esta lucha entre lo nuevo y lo viejo, tambi?las libertades, la privacidad como la conocemos hoy en d?pueden sucumbir. Por eso pensamos que las nuevas tecnolog?, en especial las referidas a las telecomunicaciones son y ser?el campo de batalla en el que ya se libra la lucha por los derechos civiles.
Y decimos que ya se libra, por ser, este el momento, en el que, se esta abordando el desarrollo normativo, que permitir?ncorporar estas tecnolog?. Desde esta perspectiva es preocupante el contenido del Proyecto de Ley de impulso de la Sociedad de la Informaci?presentado a informaci?ublica, por el Ministerio de Industria. En el, se endurece y refuerza el control sobre Internet, al permitir que tambi?sea la autoridad gubernativa quien pueda cerrar una p?na Web, perdiendo los jueces su exclusividad en esta materia, por eso nos encontramos en un momento hist?o para que Internet, siga siendo un ?ito global de libertad, que a su vez es salvaguarda de las libertades.
Las sucesivas redacciones dadas al articulo 8 del proyecto, son oscuras, no dejan claro cuales son las competencias de la Administraci?n la supervisi? control de los contenidos de Internet, ni cuales son estos ?nos. La primera exigencia, es sencilla, que se especifiquen, y de diga cual es su ?ito, si son ?nos de la Administraci?statal, Auton?a o Local y cual es su ?ito de competencia, obviamente esta nunca podr?er la clausura de una pagina y debe circunscribirse a la retirada de contenidos en los casos que expresamente recoja la Ley, y no otra norma de inferior rango, ya que de otra forma cuanto menos el derecho de propiedad podr?quedar afectado.
En segundo lugar resulta ineludible que se regule el procedimiento sancionador, mediante el que se pretende establecer el de control de los contenidos que puede suponer la retirada del contenido prohibido, bien con car?er definitivo o cautelar. En este ultimo caso deber?establecerse las razones de urgencia que lo aconsejan y asegurar no solo la retirada del producto de la pagina web, sino tambi?del mundo real. De no ser as?o resolveremos el verdadero problema, evitar el riesgo, lo cual obliga con car?er previo, a establecer un catalogo de materiales prohibidos, y adem?debe establecer las fases, los plazos y recursos.
Deber?reflexionarse, sobre la conveniencia de introducir previsiones y cautelas que ya est?establecidas en la vida real para los supuestos en que la Administraci?ecesita invadir derechos fundamentales para ejecutar decisiones propias y legitimas, por ejemplo cuando tiene que entrar en un sitio privado para embargar unos bienes, en estos casos solicita el auxilio judicial, y es el Juez quien previa comprobaci?e la legalidad de la orden expide el mandamiento que permite la entrada.
Es obvio, que la Autoridad Gubernativa no puede invadir los espacios privados fuera de los casos y sin cumplir los requisitos exigidos por la Ley, eso seria tanto como admitir la patada en la puerta, y si eso no es viable en el mundo real tampoco lo es en la Red. Sin embargo este principio elemental no queda recogido con claridad en el proyecto presentado, al contrario se silencia, como se silencia la autoridad que dicta la orden y el procedimiento de ejecuci?Este silencio no se comprende, a no ser que haya sido buscado de prop?o con la in? pretensi?e regularizar la patada digital, y eso para el caso de que no afecte a la libertad de informaci? expresi?ya que de ser as?habr?introducido una censura previa y no cabe duda de que nuestra Constituci?a proscribe, y proclama la libertad de expresi? informaci?omo uno de los m?recios pilares en los que se asienta la democracia.
Por ultimo preocupa que el proyecto de una Ley que afecta a derechos tan esenciales, como la libertad de expresi?informaci? la propiedad, se efectu?or el Ministerio de Industria, sin que se recabe el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, ya que limita las competencias de los Jueces, art 108. 9. e de la LOPJ, precedente ya sentado por este Ministerio con el Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, hoy en d?recurrido ante el Tribunal Supremo.
En conclusi?l proyecto permanece anclado en ese modelo anteriormente descrito, no oculta sus recelos al desarrollo que experimenta la red y los cambios que provoca en el mercado, y solo pretende garantizar la subsistencia de un modelo de negocio preexistente adapt?olo a los cambios tecnol?os, pero no adentrarnos a la sociedad del conocimiento.
Art?lo de Pedro Mart?z, Teniente Fiscal de Madrid