A Sinde y la SGAE se les agrieta el canon digital #manifiesto

Ana Zarzuela.- Aceleran. Aprovechan la cuenta atr?en la Ley de Econom?Sostenible para buscar ‘tiritas’ para heridas que dan por inevitables: la Coalici?e Creadores trata de rellenar las lagunas de la ‘Ley Sinde’ con la exigencia a la ministra de que haya cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘pirater?. Pero en la SGAE saben que, con o sin bloqueo a las 200 webs que pondr?sobre la mesa a la Audiencia Nacional, la rentabilidad de su modelo audiovisual es otra cosa. En las cuentas de Bautista, s?el canon digital -un 76% m?que el a?pasado- les sirve de ant?to a la metamorfosis del mercado. Pero, a la vista de las advertencias del TUE a una tasa que considera “indiscriminada”, de la rebeli?e las administraciones municipales y auton?as y de la voluntad de reforma de Justicia, Industria y Ferraz, Sinde y la SGAE asumen que nada seguir?omo antes. Moncloa tiene hasta septiembre para adaptar su normativa a la opini?el Tribunal de la UE. Sabe que si se confirma la sentencia desfavorable al canon espa? todas las administraciones y las instituciones que se han levantado en rebeld?ahora podr?pedir no s?la devoluci?el impuesto, sino dejar a las puertas de Sinde una oleada de demandas por da?y perjuicios. La ministra, a? riesgo de interferir en la 'batalla' de la 'tasa Google' que Sebasti?ha tenido que dejar en manos de la comisaria Kroes, cierra filas con las sociedades de gesti?e derechos de autor: si las operadoras consiguen cobrar alg?anon a los buscadores, la SGAE quiere gravar el uso de internet, las redes sociales y todas las transacciones econ?as de la red de redes, una propuesta con poca aceptaci?n la CMT.

Buscan ‘vacunas’ al d?despu?del actual modelo de canon digital. Pero, para la SGAE y las gestoras de derechos de autor, ya no ser?l un?no. Por primera vez, en los muros de Teddy Bautista, retumban mucho m?que los tres millones de firmas de la Plataforma Todos Contra el Canon. Las grietas del modelo espa?de los derechos de autor enfrentan a sus propios ‘embajadores’. Las otras sociedades de gesti?ritican la entidad liderada por Teddy Bautista por da?su imagen y le abren la puerta al menos a un replanteamiento del modelo del canon, “el menos imperfecto de los modelos”, seg?us propias palabras. Aisge, DAMA y Egeda defienden el canon por copia privada pero son ya oficialmente receptivas a establecer ciertas «excepciones» sobre qui?debe pagar en Espa?l canon por copia privada, para empezar a la posibilidad de excluir de los pagadores a los juzgados.

Ferraz y la subcomisi?e Cultura abogan por reformar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y repensar el canon digital tras el aviso del TUE (Tribunal de la Uni?uropea). La LPI puede tener los d? contados. Por primera vez la titular de Cultura lo reconoce formalmente. Cosas de la ‘edad’, para Sinde, que achaca las debilidades de una tasa que grava por ejemplo con 0,17 y 0,44 c?imos los CD y DVD v?enes respectivamente a dos d?das de antig?d de su regulaci?riginal y nueve a?de vida de la directiva comunitaria que la regula. Pero por m?que prevenga que su reforma no se acometer?ma? por la ma?”, ni son sus a?el origen de la reforma, ni podr?eguir en el limbo parlamentario del que ngeles Gonz?z-Sinde no quiere retirarla. Ya desde antes de que la LES pasara el visto bueno del Consejo de Ministros, la subcomisi?e Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluy?tre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisi?el Congreso le viene advirtiendo de que dar?n los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gesti?e derechos y bautiza una nueva Ley de Propiedad Intelectual.

Espa?o quiere ser la vanguardia del pirateo, pero tampoco de la represi?Esa fue la conclusi?el de la Subcomisi?e Propiedad Intelectual del Congreso, con el que llama a corregir la imposici?l usuario del canon digital y recuerda que la facultad de los ciudadanos de realizar copias privadas no puede suponer el perjuicio de los creadores, ni la penalizaci?or inercia del usuario, que hay que volver a legislar y que el gravamen digital es una forma de represi?legal contra el ciudadano. Nada que no hubiera advertido el informe de la Comisi?acional de Competencia (CNC) “Sobre la gesti?olectiva de los derechos de la propiedad intelectual” con su exigencia de revisar «tarifas inequitativas y discriminatorias», y el monopolio de la gesti?de los derechos de autor. En la Plaza del Rey, bajo la mesa, saben que no tienen ya m?remedio que barajar las recomendaciones avaladas por PSOE, PP, CiU, PNV y ERC en el documento oficial de la Subcomisi?/p>

Aunque durante el primer trimestre de 2010 ha conseguido amortiguar el descenso en sus ingresos, el balance de 2008 y 2009 ha puesto a la SGAE sobre aviso. A la Sociedad General de Derechos de Autor, durante dos ejercicios, s?el canon digital le ha salvado unas cuentas cuyos ingresos cayeron un 11,5% en 2008, y un 5,1% en 2009, a?n que la suma recaudada ascendi?316,8 millones de euros. La morosidad, un 24% al cierre de 2009, (entre 124,5 y 130,5 millones) es su principal dolor de cabeza. Y no son otras que las entidades p?cas (de los que procede hasta un 60% del canon digital), sobre todo los ayuntamientos, los m? morosos dentro del sector -la deuda asciende a 24,6 millones- en particular en el sector de comunicaci??ca (conciertos y representaci?e obra), que arroj?os impagos de 61,7 millones de euros. Las televisiones y las radios dejaron de abonar entre 47 y 53 millones de euros y la reproducci?ec?ca (discos, v?os, copia privada y redes digitales) alcanz?a deuda de 14 millones.

Aunque su deuda fue tambi?la que m?creci?n 18,9%, al alcanzar 9,6 millones de euros, el canon por copia privada se hab?convertido, al menos hasta ahora, en el tratamiento paliativo para la SGAE, desde que en diciembre de 2008 se aprob? Orden Ministerial para el gravamen sobre pr?icamente todos los soportes y dispositivos de grabaci?disponibles en el mercado (que incluye m?es y memorias USB que antes no pagaban el canon), a? costa de presuponer que toda persona o entidad que adquiera un soporte gravable o un dispositivo de almacenamiento lo va a emplear para copiar una obra sujeta a derechos de autor. Seg?l propio informe de la sociedad General de Autores y Editores, SGAE, en 2009 por primera vez los m?os tuvieron mayores ingresos por el canon digital, o derechos de copia privada (27,67 millones de euros, un 72,9% m?que en 2008), que con la venta de CD, DVD y otros materiales f?cos, que s?alcanzaron los 20,46 millones de euros, un 30,5% menos con respecto al ejercicio del a?nterior. En materia de conciertos y presentaciones en vivo, los ingresos cayeron, por primera vez, un 9,3%.
Tras haber estudiado informes de un centenar entidades, la CNC no s?insta al Gobierno “a realizar los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor”. Le exige a Moncloa que en esta legislatura se presente una revisi?istem?ca y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o una nueva Ley. Y el director general de Red.es, dependiente del Ministerio, Sebasti?Muriel, exig?“el equilibrio adecuado” en derechos de autor y apunta a un doble modelo de negocio que alterne el copyright con las licencias 'Creative Commons'. De hecho, a pesar de que fue la propia ministra Sinde la que suger?a los editores de libros electr?os darle ya la espalda al ‘creative commons’, Espa?es el primer mercado del mundo en este modelo de copyleft.

Sinde s?espera. Cuando la Ley de Econom?Sostenible y su disposici?inal segunda para regular los contenidos de internet vea la luz lo har?nte los recelos de la industria de contenidos -que no adelantar?u web y ha enfriado el ‘idilio’ con la ministra-, ante los informes de Fedea -que advierten de que ser?neficaz y hasta contraproducente para la industria- y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son tambi?los que m?contenidos audiovisuales consumen. Pero los esfuerzos de la ministra Gonz?z Sinde por atribuir a «los fabricantes” la responsabilidad por “haber trasladado el problema a los consumidores, que son los que pagan el canon digital”, s?ha dado en los muros de la batalla con la industria de dispositivos digitales y sus patronales y con la evidencia de su propia Ley del Canon Digital. Es el propio art?lo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual el que desde 1996 (e incluso antes la norma anterior) establece la obligaci?el fabricante o importador y del resto de revendedores de repercutir el canon a lo largo de toda la cadena de distribuci?asta llegar, finalmente, al consumidor. Los fabricantes act?como «meros recaudadores de impuestos para la sociedad de autores», advierte la patronal Aetic.

Y es que en Cultura y la Coalici?e Creadores empiezan a hacer frente a todas las rebeliones del canon. Por m?que puedan a?stirar el tiempo del TUE hasta que a finales de septiembre llegue su resoluci?definitiva, saben que las luces rojas ya est?encendidas. Y que, en el mercado espa? ni el eco de los recelos de Bruselas y el cuestionamiento de la CNC, ni la rebeli?e los consistorios y la voluntad de la Subcomisi?e Cultura del Congreso de reformar la LPI y el modelo de retribuci?e la copia privada dejar?que las cosas sigan como hasta ahora para las sociedades de gesti?e derechos de autor. Y es que, casi dos a?despu?de la introducci?el canon digital en Espa?la Justicia europea le ha puesto fecha y motivos de caducidad al modelo ib?co. Al menos, a la parte que pagan las empresas y las administraciones p?cas. En muchos pa?s del mundo existe un canon por copia privada (una tasa que se aplica a diversos medios de grabaci? favor, supuestamente, de autores, artistas y productores), pero e modelo vigente en Espa?desde el 2008, es de lo m?duros ya que se aplica a m?productos que en otros pa?s (reproductores MP3 o tel?nos m?es por ejemplo). El informe jur?co redactado por la abogada general del Tribunal de la Uni?uropea, Verica Trstenjak (en respuesta a la cuesti?rejudicial elevada en su d?por la Audiencia Provincial de Barcelona) se? que el canon no se ajusta a la legislaci?omunitaria y su concepto de compensaci?quitativa, choca contra la Directiva 29/2001 porque su aplicaci?s “indiscriminada” al imponerse a empresas y profesionales que adquieren los aparatos y soportes de reproducci?igital gravados para finalidades ajenas a la copia privada y sobrepasa la “compensaci?quitativa” a los autores, que la Uni?uropea s?econoce.

A SINDE SE LE DESTAPA LA REBELI? DE LAS ADMINISTRACIONES

La ministra se aferra al consuelo del tiempo muerto: las conclusiones de Trstenjak no son las definitivas del Tribunal de Luxemburgo, que todav?tiene que dictar sentencia, pero fuentes de la instituci?recordaban a P?co que en un 80% de los casos los jueces acaban por confirmar los an?sis de la abogac?general. M?a?el informe jur?co de la abogac?general plantea que la aplicaci?el canon tambi?podr?ser incorrecta cuando grava a los consumidores: “s? estar?ustificado” cuando los soportes se utilicen «presumiblemente» para realizar copias privadas de contenido protegido, algo que no tiene por qu?currir cuando el due?e un soporte, como un CD, lo usa para compartir sus propios escritos o fotograf?. Las conclusiones de la abogada general del tribunal de la Uni?uropea, Verica Trstenjak, s? reafirman en realidad las ?mas resoluciones de ?nos jurisdiccionales espa?s (por citar s?la ?ma, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla, de 7 de septiembre de 2009), que pone en tela de juicio la legitimidad del canon digital como sistema de compensaci?quitativa, al haber entendido que en los casos en los que queda suficientemente acreditado que el destino o uso final de los dispositivos no es la copia privada, no est?ustificada la imposici?del canon. Pero el TUE ha puesto en marcha el ultim?m para Moncloa, Ferraz y el Ministerio de Cultura. Los municipios, las CCAA y las instituciones que han denunciado el pago del canon, le recuerdan a Sinde que el Estado espa?tiene hasta septiembre para adaptar su normativa a la opini?e la abogada. Si no lo hace, una vez salga la sentencia se podr?pedir no s?la devoluci?el impuesto, sino demandar por da? y perjuicios.

Las asociaciones de internautas y de consumidores ofrecen alternativas como una recaudaci?exclusivamente” para productos originales de venta al p?co, fonogramas y videogramas. Y solicitan un procedimiento “sencillo, eficaz y r?do” para la resoluci?e reclamaciones de quienes no est?obligados por ley a pagar. No s?las empresas que venden soportes inform?cos o las asociaciones de consumidores est?en contra del canon. Administraciones p?cas o universidades han elevado ya la voz contra el gravamen. Tras la iniciativa de Pollen? de Inca, del consistorio alicantino de Teulada, (pionero en dar ‘la batalla’ al canon), o de Castell?que prepara una demanda para que le devuelvan los 80.000 euros pagados en dos a?por el canon aplicado a todo su equipamiento tecnol?o, una treintena de consistorios ha elevado denuncias o reclamaciones contra la tasa y un millar se han sumado abiertamente a la Plataforma Todos Contra el Canon. Piden una modificaci?egislativa que exima a las Administraciones P?cas, a la vista de que “se dedican a hacer expedientes, no a copiar discos ni libros”.

Y mientras tanto, exigen al menos explicaciones ante las manchas de opacidad de la recaudaci?.La ley exige que en las facturas especifiquen la cantidad destinada al canon, pero en las facturas de los ayuntamientos denunciantes lo omit? .En 2008, el Senado pidi?nformaci?l Ministerio de Cultura sobre esta actividad y, como recuerda la Asociaci?e Internautas, todav?est?esperando la respuesta. Nada que esta vez los municipios quieran dejar pasar de largo. Si el Ayuntamiento de Madrid lo denunciara, ser?m?de un mill?e euros. Como avanzaba P?co, en Tarragona, el pleno aprob? 10 de mayo pedir a la SGAE mayor transparencia en el ejercicio de sus competencias, as?omo un informe relativo al «total recaudado y la devoluci?ue se hace a los artistas locales que supuestamente se han de beneficiar de este impuesto». Los municipios no est?solos: la Junta de Castilla y Le?a rechazado al canon digital y reclama la creaci?de un ?no a nivel nacional que busque la retribuci?adecuada” de los derechos de autor. Y la Universidad de Valladolid anunci? mayo que reclamar? la SGAE el canon, en respuesta a un informe de la asociaci?studiantil ADDE, que cifra en 206.000 euros la cantidad que el centro educativo paga a los autores. El siguiente escal?s el de las empresas. El informe jur?co de la UE advierte que “este tipo de gravamen, recaudado a favor de autores, artistas y productores, no puede aplicarse indiscriminadamente a empresas y profesionales que claramente adquieran los aparatos y soportes materiales para otras finalidades ajenas a la copia privada”.

COMPENSACIONES EN LOS BOLSILLOS DE LAS TELECOS

Por si acaso, ahora que Bruselas acaba de reabrir desde el 1 de junio su debate p?co sobre el sistema del canon digital europeo, la patronal comunitaria que congrega a las entidades de gesti?e derechos de autor (GSAC), reclama la criminalizaci?el impago del canon por copia privada, para que pase a ser un delito penal en lugar de civil. Adem?de esta reclamaci?la patronal europea pretende gravar con el canon el creciente comercio electr?o, denegar el acceso a Internet a las empresas que venden productos sin haber abonado en canon correspondiente del pa?de destino (lo que obligar?a fiscalizar las ventas electr?as) y gravar con canon el comercio intracomunitario. La propuesta de GSAC es lograr una “Ley Sinde europea” reforzada que incluya las penas de c?el para el P2P, y sobretodo conseguir gravar todas y cada una de las transacciones econ?as que se efect?a trav?de la Red, desde pagar un billete de avi? hacer la transferencia de la n?a, pagar?tambi?un canon digital. Una postura que empieza a hacerse sitio en las filas del Parlamento Europeo, entre otros, con el vicepresidente Alejo Vidal Cuadras, como denuncia la Asociaci?spa? de Peque?y Medianas Empresas de Inform?ca y Nuevas Tecnolog? (Apemit).

A domicilio, la industria de derechos de autor le declara la guerra y le busca los bolsillos a las telecos espa?s. El canon a la banda ancha era -dec?en 2008 la SGAE- la f?la para ‘bendecir’ y legalizar todos los contenidos por la puerta del cobro. Y lo dej?er. Ahora, no se conforma con imponer un canon a los dispositivos de almacenamiento. Las gestoras de derechos calculan que las operadoras han duplicado sus ingresos por contenidos audiovisuales y, ahora que el canon digital est?cuestionado ante la CE, exigen una tasa por distribuci?e contenidos digitales que podr?llevar por igual los apellidos de las telecos y de los proveedores de los servicios de internet, que incluso de las redes sociales. Las entidades cobrar? un canon a las operadoras, dinero que, a su vez, ?as recaudar? imponiendo una tasa a los navegadores e, incluso, a las redes sociales. En palabras del presidente del Consejo de Direcci?e la SGAE, Teddy Bautista, “es el momento”. Le ha puesto ya los apellidos de Facebook, Tuenti o Twitter, al portal de v?o de Google y a su buscador a las urgencias del ‘d?despu? de las sociedades de gesti?e los derechos de autor en Espa?Una opci?ue no estaba en principio en el ‘men?igital de los Ministerios de Cultura y de Industria para regular los contenidos de internet y que no es del agrado de la CMT, que el pasado trimestre rebaj? precio del adsl indirecto un 20% para que las operadoras lo trasladaran al precio final al consumidor. Tratan de buscar la ‘ocasi?en la propuesta de cobro por consumo de velocidad de descarga del adsl que las telecos -que siguen repudiando los cortes y el castigo a los usuarios y abogan por nuevas macrowebs de contenidos comerciales- han llevado al debate en Bruselas ante la CE.

La SGAE y la Coalici?aben que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su ‘lista negra’, eso no mejorar? el mapa de sus ingresos. Y es que hasta la industria de contenidos da por hecho la ‘ineficiencia’ del modelo de la Ley Sinde: hasta tal punto que exigen que si en un a?o se ha reducido el 70% de la ‘pirater? online (a la que la Coalici?e Creadores le atribuye p?idas por 5.121 millones de euros), los cortes lleguen tambi?a los usuarios. Cuando lleguen la Disposici?inal Segunda de la Les y la reforma de la LPI -o las dos- , ser?on todas las luces de alarma ya encendidas. Se lo recordaba la Asociaci?rancisco de Vitoria: el de la LES puede ser el viaje a ninguna parte. La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las p?nas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas p?nas no incurren en delito ya que no contienen las pel?las sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Dejarlo en manos de la Audiencia Nacional, “supone un retroceso y un ataque contra los derechos y libertades de los titulares de p?nas”.

Finalmente, las alarmas por la eficacia financiera se las dispara de nuevo el estudio econ?o de la Federaci?e Estudios de Econom? Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipirater? de la Ley Sinde no s?son “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “s? el trabajo sucio a las discogr?cas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volver?contra sus creadores y acabar?por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformaci?el modelo productivo de la industria discogr?ca”. Seg?u informe, los ingresos producidos por la m?a son casi los mismos en 2005 que en 2008 (unos 450 millones). Lo que ha cambiado es la composici?nterna del negocio, no los beneficios. Para la Fundaci?e Estudios de Econom?Aplicada la industria musical no se destruye, s?se transforma con la red de redes. Entre 2004 y 2008 el n?o de compositores y obras musicales se ha multiplicado por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercializaci?ediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado.

Por eso, aunque a?o ha visto la luz la macroweb de contenidos apadrinada por el Ministerio de Cultura, las gestoras de derechos de autor intentar?primero hacerse hueco en la intensidad de los internautas espa?s y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos m?activos del mundo en el ?mo a?un 50% de ellos dispuestos a pagar por contenidos en Internet. Y subirse al carro de los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones. Los ingresos del negocio de los contenidos audiovisuales seg?creen Digest crecer?un 25% en los pr?os cuatro a?hasta alcanzar los 3.200 millones, gracias a aplicaciones como Deezer o Spotify y a los servicios a medida dise?s por las propias operadoras de telefon? Saben que a la vista de la tienda Pixbox de Telef?a -l?r en el sector de las descargas musicales en Internet en Europa con 30 millones de descargas, en asociaci?on compa? como Emi Music, Universal Music, Sony Music o Warner Music- y del proyecto de Telef?a para digitalizar la Biblioteca Nacional, ellas ya han conseguido despejar el acceso a esa opci?Pero sobre todo y busca sitio, de su mano, en una compensaci?como la que ya ha despejado Gran Breta?su cuota en un canon a la banda ancha, que si no es general, al menos llegue en funci?el volumen de descargas, ahora que las operadoras europeas barajan su cobro progresivo. A pesar del descenso de uso del P2P- a favor del streaming y otras alternativas- y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tr?co de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representar?una excelente noticia para las sociedades de gesti?e derechos de autor que podr? recibir un porcentaje.

La ‘soluci?del canon (alternativo o complementario) a trav?del adsl tiene m?de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, m?de un t?ico coincide con la Coalici?n que podr?ser la cuadratura de todos los c?ulos: si no hay cortes, ni disminuci?de velocidad, no agredir?a la neutralidad de la red que Espa?uiere abanderar como la que m?en la UE, ahora que se ha convertido en parte del paquete telecom y la estrategia de Lisboa para la Uni?Pero Industria no quiere agitar las aguas del sector de internet, que -ahora que la batalla de las descargas ha calmado moment?amente sus lanzas- le recuerda que ya es uno de los mercados con uno de los ?ices m? bajos de penetraci?e banda ancha de los Veintisiete. Menos a?usto ahora que las cr?cas de la CMT a la banda ancha espa? -a contrapi?de los informes de la Setsi- reviven los desencuentros con la UE y recordaban que en Espa?a modalidad m?demandada (el paquete de voz y datos con velocidades de entre 2 y 10 megas), es un 6,3% m?cara que la media de las mejores ofertas de la Uni?uropea. No olvidan que los hogares espa?s que no disfrutan de conexi? Internet o de banda ancha alegan sobre todo “razones econ?as”, seg?l ?mo informe de la Sociedad de la Informaci?e la Fundaci?elef?a.

Fuente: http://www.icnr.es/articulo.php?n=100624185822